- X: -74,1008
- Y: 4,52741
- Tipo de ecosistema: Parque
- Eje estructurante: Cerros orientales
El Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, ubicado en el suroriente de Bogotá, abarca 626 hectáreas de ecosistemas estratégicos en las localidades de Usme, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. Declarado como área protegida en el año 2000 mediante el Decreto 619, el parque enfrenta desde sus inicios presiones urbanísticas y conflictos socioambientales que han intensificado su deterioro. Su importancia ecológica radica en ser corredor biológico y fuente hídrica para la ciudad, albergando cerros como Guacamayas, Juan Rey y Cuchilla del Gavilán.
Entre los principales actores se encuentran los urbanizadores informales o “tierreros”, quienes operan redes organizadas para la invasión y comercialización ilegal de terrenos, utilizando métodos como la quema controlada de vegetación y la falsificación de documentos. Los mineros ilegales, por su parte, explotan materiales de construcción con maquinaria pesada, especialmente en el Cerro Juan Rey, generando graves daños al suelo y fuentes hídricas. Las comunidades aledañas presentan una dualidad: mientras algunos habitantes lideran iniciativas de conservación, otros participan en actividades extractivas por necesidad económica.
La falta de oportunidades laborales formales y la ausencia de oferta de vivienda digna impulsan a muchas familias a aceptar lotes ilegales o trabajar en minería no regulada. La debilidad institucional se manifiesta en la escasa coordinación entre entidades distritales y la corrupción denunciada en algunos casos, donde funcionarios habrían facilitado permisos irregulares. El conflicto armado también influye, con presencia de grupos criminales que controlan parte del territorio.
En 2017 se documentó la invasión de 37 hectáreas en los predios San Germán y Tocaimita, donde urbanizadores ilegales talaron bosque nativo para lotificar terrenos. Durante la pandemia en 2020, se registró la quema intencional de 18 hectáreas en Cuchilla del Gavilán, seguida de la ocupación por familias vulnerables. Además campesinos descubrieron túneles clandestinos para extracción minera en La Fiscala Alta, evidenciando la sofisticación de las operaciones ilegales. Las autoridades han realizado operativos de desalojo, como el de Bolonia I en 2021, pero con resultados limitados ante la reinvasión recurrente.
El parque ha perdido aproximadamente 55 hectáreas de cobertura vegetal entre 2017 y 2021, afectando especies endémicas como el oso de anteojos y diversas aves nativas. La contaminación hídrica por sedimentos y mercurio ha degradado quebradas que abastecen a la ciudad, mientras la fragmentación del ecosistema altera los corredores biológicos. Los incendios provocados para urbanización han liberado toneladas de CO₂, agravando la crisis climática local.
Las comunidades enfrentan violencia creciente, con líderes ambientales amenazados por oponerse a las redes ilegales. La división social es evidente entre residentes tradicionales y nuevos ocupantes, generando tensiones que dificultan la organización comunitaria. Los programas institucionales de reubicación han resultado insuficientes, dejando a familias en condiciones de vulnerabilidad permanente.
La Secretaría Distrital de Ambiente ha liderado jornadas de reforestación, sembrando más de 1,200 árboles nativos en 2020, pero carece de capacidad para vigilancia continua. La Secretaría del Hábitat implementó el programa “Usme Legal” para regularizar barrios, pero excluyó a los asentamientos dentro del parque. La Alcaldía Local ha sido criticada por operativos de desalojo violentos y presunta complicidad con urbanizadores en algunos casos documentados por medios locales.
Expertos recomiendan una estrategia integral que combine inteligencia financiera para desarticular redes criminales con programas de vivienda social verdaderamente accesibles. La implementación de sistemas de monitoreo comunitario con tecnología satelital podría mejorar la prevención, mientras proyectos productivos sostenibles (como agroecología y ecoturismo) ofrecerían alternativas económicas legales. Es fundamental fortalecer la justicia ambiental para procesar a los actores intelectuales del daño ambiental, no solo a los eslabones más débiles de la cadena.
- Indicadores: Corporación Parque Entrenubes;Comunidad vecina al parque
- Generadores: Urbanizadores informales;Mineros ilegales
- Reguladores: Secretaría Distrital de Ambiente; Secretaría del Hábitat; Secretaría Distrital de Integración Social;Alcaldía Local de Usme
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